La Procuraduría General de la República dispuso auditar todos los acuerdos realizados por la fiscal suspendida Margarita Hernández Morales, durante su gestión como directora del departamento de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, para determinar la cantidad que contienen irregularidades.

Hasta el momento la Inspectoría del Ministerio Público ha encontrado tres acuerdos con esas características, y continúan con el levantamiento porque presumen que hay más de esa naturaleza. Cuando los procuradores adjuntos iniciaron las pesquisas en el departamento de Violencia de Género encontraron un desorden, que presumen que era para que no se detectaran.

Margarita Hernández Morales

Las autoridades siguen con las indagatorias para determinar si hubo pago en dinero, porque presumen que eso no es gratis, además, no descartan otros implicados.

Tanto la fiscal suspendida como un togado de la oficia de abogados del jurista Alexis Chanel Aponte firmaron los acuerdos que favorecieron con libertad a los verdugos de las víctimas Anibel González y Juana Domínguez.

                            Alexis Chanel Aponte

El abogado Chanel Aponte guarda prisión por falsificar la firma de la occisa González, asesinada por su expareja Yasmil Oscar Fernández.

La fiscalía de San Pedro solicitará medida de coerción de prisión preventiva a la fiscal suspendida Hernández Morales, por firmar dos acuerdos de manera irregular que beneficiaron con libertad a Ramírez y a Fernández.

Indica el periódico El Día que la magistrada suspendida está acusada de asociación de malhechores, complicidad para cometer falsificación, y actos de corrupción y se espera que en las próximas horas depositen la solicitud.