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Altagracia Paulino solicita emitir resolución que ordene a las AFP entrega de fondos a empleados

Altagracia Paulino dijo hoy que el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) entidad que ella preside, asumirá ante todas las instancias posibles, la defensa de un grupo de personas mayores de 60 años que reclaman a la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la devolución total de sus ahorros.

Paulino refirió que se hace necesario y justo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) emita una resolución en la que autorice que todo aquel afiliado que le faltare seis meses para cumplir los 45 años, se le reconozca de inmediato el derecho a recibir los ahorros que acumularon desde el momento de entrada en vigor de la Ley 87-01 que regula el Sistema de la Seguridad Social en el país.

La exdirectora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) expresó que la resolución 362-14 del CNSS establece que para la devolución total de sus ahorros al afiliado de ingreso tardío, éste debe primero: haberse afiliado al sistema con 45 años o más de edad; segundo: contar con la edad de sesenta (60) años al momento de la solicitud de la devolución de sus ahorros y tercero: estar cesante por lo menos los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud.

“Las AFP, sustentadas en la indicada resolución, la cual no están por encima de la ley y mucho menos de los mandatos constitucionales, continúan negándoles a los afiliados, la devolución de sus ahorros por solo faltarles días para cumplir con la citada edad (45 años) al momento de su afiliación”, expresó la exfuncionaria en declaraciones ofrecidas al periódico Hoy.

Señaló que la edad límite para declarar el ingreso tardío debería ser 36 años y no 45, en razón de lo injusto, perjudicial e inconstitucional que resulta aplicarlo a los ciudadanos, ya que ningún afiliado ingresando con 45 años, o próximo a cumplirlos, podrá cotizar las 360 cuotas requeridas por la Ley 87-01.

“Cuando se niega un derecho legítimo, los responsables de aplicar la Ley deben revisar hasta dónde se violan derechos fundamentales como es el derecho a la vida, a la salud y la prerrogativa constitucional del Estado llamado a proteger a sus ciudadanos”, subrayó Paulino.

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